La mujer recibirá 9.000 euros en concepto de daños morales y 4.470 euros en concepto de costas judiciales, según el dictamen de los jueces europeos, que por unanimidad consideraron que los incumplimientos de las autoridades croatas violaron su derecho al respeto de su vida privada "durante un periodo prolongado".
Identificada únicamente por su inicial A., la víctima tuvo en 2001 un hijo de su ya ex marido, que la violentó de forma repetida de noviembre de 2003 y hasta su separación en noviembre de 2006, y que desde finales del pasado año cumple una condena por haber amenazado de muerte a una juez y a su hija.
Como consecuencia de los procedimientos lanzados por A. y por la justicia croata, de 2004 a 2009 se dictaron medidas de protección de la mujer como el distanciamiento, tratamientos psiquiátricos e incluso el ingreso en prisión de su antigua pareja.
El problema es que algunas no llegaron a ejecutarse, lo que para el Tribunal de Estrasburgo anulaba el efecto disuasorio que buscaban esas sanciones.
De acuerdo con las alegaciones del Gobierno, no se había podido encontrar una plaza en la prisión para el agresor, que tiene graves problemas mentales desde que sufriera torturas durante su internamiento en 1992 en un campo de concentración en la guerra de los Balcanes.
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